Madrid. El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, anunció ayer que dará una “orden inminente” a la Policía Judicial para que investigue a los centros de reconocimiento que expiden documentos a conductores a cambio de dinero sin comprobar si están en condiciones de coger el volante.
Así lo aseguró Vargas tras analizar la Memoria de la Fiscalía de Seguridad Vial correspondiente a 2009, en la que se alerta del aumento de lo que ha llamado “centros clandestinos” que no cumplen la legalidad, causando así “riesgos intolerables” en las carreteras.
“Hay una cifra negra difícil de determinar de accidentes y delitos cometidos por personas con enfermedades impeditivas o con el permiso de conducción expedido o renovado sin tener las facultades mínimas para la conducción que suponemos relevante”, señala la Memoria.
Aunque Vargas no facilitó una cifra del número centros en los que se han detectado irregularidades, el presidente de la Asociación Española de Centros Médicos y Psicotécnicos, José Ignacio Landaluce, calcula que alrededor de un 5% de los 2.000 que existen en España no cumplen lo exigido legalmente.
investigar La Fiscalía de Seguridad Vial está decidida a impulsar la vía penal para investigar a esa “minoría” de centros que, según Bartolomé Vargas, “deshonra a un sector profesional y cualificado”.
En este sentido, anunció una respuesta moderada y prudente, pero “decidida”, al considerar que pueden estar cometiendo un delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
El fiscal ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT) para que le remita las infracciones más graves para iniciar los procedimientos penales y, ayer ya ordenó a la Policía Judicial investigar estos hechos.
Vargas explicó que se trata de centros que no tienen los facultativos exigidos ni el instrumental adecuado, en los que en ocasiones no hay ni reconocimiento y que, en los casos más extremos, se limitan a entregar un papel a cambio de dinero. Además, consideró que existe una “picaresca” en la que participa el propio ciudadano, que, sin ser consciente de los riesgos de su conducta, sabe dónde ir y escoger el “centro a la carta”, que frente a los 70 u 80 euros que cuesta un reconocimiento reglamentario, les cobra unos 25.
La Memoria de la Fiscalía también aborda el papel de los profesionales de la sanidad y el deber de secreto médico y propone la elaboración de un protocolo de actuación en los casos en los que los facultativos detecten en sus pacientes limitaciones que les impidan conducir.
Así, recuerda que el propio Código Deontológico del sector contempla que el médico pueda revelar el secreto “si con su silencio diera lugar a un perjuicio a su propio paciente, a otras personas o a un peligro colectivo”.
En el caso de las enfermedades mentales aboga por un “enfoque humanista”, en el que la información y concienciación, junto al control y la colaboración de los familiares, es fundamental.
baremo de indemnizaciones Por último, propone una reforma legislativa para renovar el baremo de indemnizaciones a las víctimas de tráfico, vigente desde 1995, de tal manera que se eliminen rigideces y se tengan en cuenta las distintas realidades de los afectados.
La Fiscalía considera que la indemnización debe ser un “traje a medida” de las necesidades de la víctima, y debe contemplar una cobertura médica y farmacológica total, además de rentas vitalicias para los grandes lesionados o los menores, para lo que ya está dialogando con las aseguradoras con la intención de alcanzar un consenso en la materia.
Fuente: noticiasdenavarra.com 24 de septiembre de 2010
