La vacuna más eficaz es la promoción de la salud física y mental. Así lo ha expresado el Relator Especial de la ONU, Dainius Pūras, psiquiatra de la Universidad de Vilnius (Lituania), en un texto en el que detalla los motivos y argumentos que le han llevado a elaborar los diferentes documentos presentados a lo largo de los últimos 6 años en relación con su asesoramiento a las Naciones Unidas en lo que respecta a la salud y los derechos humanos.

Tras la entrega de su último informe (informe final) como Relator Especial, Dainius Pūras se despide del puesto a través de este artículo en el que vuelve a subrayar la interdependencia entre el derecho a la salud y los derechos humanos. “En este informe final, he aplicado esta comprensión de los derechos humanos a la mayor emergencia sanitaria mundial de los últimos 100 años: la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19). He observado que el impacto del coronavirus está determinado en gran medida por la política de salud pública, el liderazgo, la desigualdad socioeconómica, el racismo sistémico y la discriminación estructural más que por factores biológicos”, señala.

Para superar la crisis generada por la COVID-19 no basta con adoptar medidas de salud pública y de emergencia, deben tenerse en cuenta todos los demás derechos humanos, explica, puesto que “no hay posibilidad de lograr la cobertura universal de salud, o contener una pandemia, si la discriminación excluye a diferentes segmentos de la sociedad de la información o los servicios”.

Para el Relator Especial el fracaso de los sistemas sanitarios en responder frente a la pandemia es una consecuencia más de los “desequilibrios de poder” presentes en los sistemas sanitarios. La falta de compromiso y priorización de la salud pública, junto con su escasa financiación, así como el desequilibrio aún más acusado de la financiación de los servicios de atención en salud mental se manifiesta en que los sistemas sanitarios “ahora no pueden satisfacer la demanda creada por el estrés mental relacionado con la pandemia”.

La falta de decisiones transparentes en materia de salud está mimando la confianza en los gobiernos, según advierte Dainius Pūras, a pesar de que “la confianza es un componente crucial en la respuesta frente a una pandemia y en el cumplimiento del derecho universal a la salud. En los estados que han defendido durante mucho tiempo los principios de los derechos humanos y en los que se confía en el liderazgo, parece haber menos pérdida de vidas y menos trastornos en la sociedad. En general, estas poblaciones han apoyado y aceptado la pérdida temporal de algunas libertades en un esfuerzo por salvar vidas y volver a la función económica y social normal lo antes posible”.

Asimismo, el énfasis en el modelo biomédico, una de las críticas reiteradas de sus informes, ha afectado negativamente también al contexto de la COVID-19, en la medida en que este énfasis se centra en el desarrollo de vacunas y tratamientos médicos, dejando de lado otros aspectos más amplios de la salud pública y los derechos humanos que son determinantes para el éxito frente a la expansión de la COVID-19.

En relación con la pandemia de la COVID-19 y los derechos humanos, Dainius Pūras muestra su preocupación con tres asuntos principales. El primero, la privación de libertad y el confinamiento en instituciones penales y médicas, y el mayor riesgo de COVID-19 para las personas que viven y trabajan en estas instalaciones. El segundo tema se refiere a la salud mental. A este respecto, el Relator insta a los estados a que adopten enfoques basados ​​en los derechos humanos para brindar apoyo a todas las personas con sufrimiento psicológico y a detener el uso excesivo de intervenciones biomédicas y tratamientos coercitivos. “Creo que es imperativo que la carga de manejar y hacer frente a los impactos sociales, financieros y de salud mental del COVID-19 no recaiga sobre las personas, sino que estén bien respaldadas por la atención médica y otros servicios sociales”, añade.

Finalmente, la vigilancia digital es otra de las preocupaciones que señala el Relator en relación con la protección de los derechos humanos en el contexto de la COVID-19. Los sistemas de reconocimiento facial, de rastreo digital o la introducción de “pasaportes de inmunidad” pueden socavar la confianza de la sociedad, por su falta de transparencia y por la dificultad que supone reparar los daños ocasionados en caso de error.

Con cierto optimismo, el Relator Especial señala que la pandemia podría suponer una excelente oportunidad para que los estados reconsideren sus políticas de confinamiento, cuestionen la efectividad del encarcelamiento y abandonen prácticas obsoletas como la institucionalización de personas con discapacidades intelectuales, cognitivas y psicosociales, así como para que se pongan valor los derechos humanos a la hora de mitigar el impacto psicológico generado por la pandemia y se establezcan alternativas comunitarias. “La crisis global del COVID-19 brinda una excelente oportunidad para revitalizar estos principios y convertirlos en la base de un futuro más sostenible, justo y equitativo para todos”, concluye.

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